Derechos de las mujeres en Argentina
Para comprender la singularidad de la última dictadura militar en Argentina (1976-1983) y el hecho de que, en términos de violaciones a los derechos humanos, fue la más cruenta jamás vivida en el Cono Sur, es necesario en primer lugar esbozar algunas características históricas generales de la Argentina del siglo XX.
El régimen militar iniciado en 1976 no es una experiencia aislada, sino la expresión más extrema de una serie de intervenciones militares (1930-1932, 1943-1946, 1955-1958, 1962-1963, 1966-1973). Estos reiterados episodios autoritarios -una constante propia de la historia argentina del siglo XX- pueden ser explicados desde distintos enfoques y tipos de análisis. En primer lugar, los autores que se concentran sobre todo en el funcionamiento del sistema político emplean el concepto de “pretorianismo” para explicar la alternancia naturalizada entre los partidos políticos y los militares, que establece tácitamente una oscilación pendular entre el autoritarismo y la democracia dentro del mismo modelo político. Según este enfoque, las intervenciones militares no implican una ruptura del sistema político, sino una posibilidad válida inherente al mismo. La alternativa militar se justifica por una “pérdida de fe en la democracia” por parte de una mayoría de ciudadanos, que entonces prestan su apoyo a este tipo de movimientos, creando su legitimidad (Quiroga, 2004).
Masukan
La Corte Suprema de Argentina ha anulado recientemente las leyes de amnistía que beneficiaban a los militares implicados en graves violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida habían dejado impunes a la mayoría de los militares implicados en crímenes de lesa humanidad. La decisión judicial que revierte la situación de impunidad y garantiza el derecho de la víctima a la verdad y a la justicia es un asunto de gran importancia política, en la medida en que admite la reapertura de los juicios anteriormente cerrados por torturas, secuestros y asesinatos. El veredicto se produce en el curso de un largo proceso que la sociedad argentina ha tenido que afrontar para hacer frente a la herencia de su pasado reciente. Este artículo comenta los puntos más destacados de esta histórica decisión y repasa los acontecimientos que la precedieron y contribuyeron a hacerla posible.
El 14 de junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final (23492) y de Obediencia Debida (23521) que suspendían cualquier castigo a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado entre 1975-1983. Esta resolución judicial es el corolario de una lucha de casi tres décadas contra la impunidad librada por los movimientos de derechos humanos.
Argentina violaciones de los derechos humanos
Washington, D.C., 23 de marzo de 2021 – En la víspera del 45º aniversario del golpe militar en Argentina, el Archivo de Seguridad Nacional publica hoy documentos desclasificados que revelan lo que el gobierno de Estados Unidos sabía, y cuándo lo sabía, en las semanas previas al derrocamiento del gobierno de Isabel Perón el 24 de marzo de 1976. Los documentos aportan pruebas de múltiples contactos entre los golpistas y funcionarios estadounidenses. “El almirante Massera buscó la oportunidad de hablar en privado conmigo”, informó el embajador de Estados Unidos en Argentina, Robert Hill, en un cable enviado una semana antes del golpe, tras reunirse con uno de los principales golpistas. “Dijo que no era un secreto que los militares podrían tener que intervenir en el vacío político muy pronto”.
Los documentos publicados hoy dejan constancia del conocimiento que el gobierno estadounidense tenía de los conspiradores, de sus preparativos para el golpe y de sus posibles planes para lo que los funcionarios del Departamento de Estado describieron como “un gobierno militar de larga duración y de una severidad sin precedentes”. Muestran que Estados Unidos avisó “discretamente” a los militares más de un mes antes del golpe real de que Washington reconocería el nuevo régimen, y que el entonces director de la CIA, George H.W. Bush, informó al presidente Gerald Ford sobre un “posible” golpe de Estado en Argentina casi dos semanas antes de que los militares depusieran a Isabel Perón.
Derechos humanos en Argentina
Esta sentencia supone el reconocimiento por parte de Argentina de que la violencia sexual se aplicó sistemáticamente como medio de tortura en los centros de detención Atlético, Banco y Olimpo. Esta medida, en línea con la jurisdicción internacional, supone un paso importante para acabar con la impunidad de quienes cometieron violencia de género durante la dictadura militar.
En el primer escrito, los expertos europeos destacan que la violencia sexual cometida por agentes del Estado como policías, militares, personal penitenciario y de inteligencia (especialmente contra las mujeres encarceladas en centros clandestinos de detención) fue también un método de tortura utilizado con el fin de destruir la personalidad e integridad de las víctimas. La violencia sexual fue cometida sistemáticamente como un acto de tortura en todos los centros de detención, a pesar de sus diferentes características.
En el centro de detención ESMA, por ejemplo, los oficiales del ejército utilizaban a los prisioneros como esclavos sexuales. En el centro de detención Atlético-Banco-Olimpo, se cometieron violaciones y abusos sexuales contra las reclusas indefensas, a menudo ante sus maridos e hijos. El segundo escrito demuestra que la violación masiva de los derechos humanos cometida durante y por la dictadura militar en Argentina constituye una violación del derecho internacional. Esta violación no sólo afecta directamente a las víctimas, sino también a la comunidad internacional en su conjunto.